Actualmente hay una demanda significativa para realizar cursos con rápida salida laboral, se trata de una motivación que representa más de 3 millones de consultas que los institutos reciben anualmente, que se traducen en un valor económico estimado de aproximadamente $3600 millones anuales. Sin embargo, sólo el 10% llega a matricularse, cerca de 350.000 alumnos por año, y poco más de 1/3 (entre 101,000 y 147,000 alumnos) logra obtener empleo después de completar sus cursos en alguno de los institutos de formación profesional y capacitación laboral de Argentina.
Según Hernán Martini, director del Observatorio y vicepresidente de la OIEP, “estos datos reflejan el potencial de este sector como dinamizador del mercado laboral y promotor de recursos calificados, y marca la importancia de perfeccionar y fortalecer la formación profesional y la educación permanente en Argentina. Algo que requiere un enfoque integral y políticas públicas efectivas”.
En este sentido, desde la Cámara, proponen diversas iniciativas orientadas al potencial desarrollo del sector multiplicando las posibilidades laborales a través de:
- Programas que complementen la Educación Formal: incluir módulos de capacitación técnica y profesional en los currículos de educación secundaria, así como la creación de puentes entre los institutos de formación profesional y las universidades, para ofrecer trayectorias educativas más flexibles y adaptadas a las necesidades del mercado laboral.
- Exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para Servicios de Capacitación Profesional: representa una barrera financiera y actúa como un impuesto a la capacitación para muchos individuos que buscan mejorar sus habilidades y competencias.
- Fomento de la Educación Permanente y Formación Profesional: la implementación de políticas que impulsen la educación continua entre la población. Esto podría incluir campañas incentivos para empresas que inviertan en la formación de sus empleados, y la creación de becas o subsidios para personas que deseen participar en programas de formación profesional.
- Establecimiento de un Marco Regulatorio y de Incentivos: que facilite y promueva la creación y expansión de institutos de formación profesional, incluyendo incentivos fiscales y apoyos financieros para entidades que contribuyan significativamente a la educación y capacitación profesional.
- Programas de Vinculación Laboral: que conecten directamente la formación profesional con oportunidades laborales, incluyendo la coordinación con empresas y sectores industriales para garantizar que la capacitación esté alineada con las necesidades del mercado.
Según Martini, “el desarrollo de políticas públicas de este tipo no sólo promueve la accesibilidad y calidad de la formación profesional y la educación permanente, sino que permiten integrar estos esfuerzos educativos dentro de un marco más amplio de desarrollo económico y social”.
Al adoptar un enfoque proactivo y colaborativo, el Estado puede desempeñar un papel clave en la capacitación de una fuerza laboral competente y preparada para los desafíos del futuro. “El conocimiento hoy en día se considera un activo primordial cuando se trata de planificar estratégicamente el desarrollo de una nación. Y este valor trasciende la mera óptica de las oportunidades de crecimiento económico, ya que también tiene el potencial de contribuir a una mejor distribución de recursos, mejorando así las condiciones de igualdad y fomentando el desarrollo humano”, concluye el referente del Observatorio de la Cámara.
En este sentido, la elaboración de políticas públicas en el ámbito de la educación y el empleo resulta esencial, partiendo la educación no solo como una inversión económica, sino también como una inversión social de gran alcance.
