De acuerdo al texto del proyecto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos.
La norma prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.
Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.
La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud.
Por otra parte, se establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia.
Asimismo, se crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.